El poder del pueblo

Desde pequeños nos enseñan —al menos eso nos ha sucedido a las generaciones que nacimos alejadas de la sombra franquista— que en un Estado de Derecho, las funciones del estado quedan compartimentadas y articuladas a través de tres instituciones básicas, representantes de los tres poderes fundamentales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en Democracia, es el pueblo el que elige quién le representará en el poder ejecutivo (el Gobierno, al que accedará el partido con mayor número de votos o los partidos que, asociados, tengan el mayor número de votos) y el legislativo (compuesto por el propio gobierno y el resto de partidos con votos suficientes para tener representación, esto es, el Parlamento). El poder judicial, es el único no elegido por el pueblo, y se constituye de muy diversas formas, según el país.

El ejecutivo se encarga de hacer que se cumplan las leyes, el legislativo de promulgarlas o revocarlas y el judicial de impartilas según su intrepretación de las mismas. Hasta aquí, la teoría de separación de poderes de Montesquieu, nada nuevo.

Es obvio que, debido a esta separación, a su independencia, deben existir enfrentamientos entre las distintas instituciones. Pero estos choques e incompatibilidades deberían saber resolverse para evitar un colapso en el sistema y, lo que es más importante, para respetar la voluntad del pueblo al que sirven.

Sin embargo, la realidad mucho dista del sistema teórico. Y es que la independencia de los poderes es utópica, la confrontación entre instituciones irresoluble a causa de su manipulación y la voluntad del pueblo marginada en favor de los beneficios de la clase política, que ha olvidado para qué y quién trabaja.

España no es una excepción al respecto. Y donde más se evidencia la falta de separación de poderes, la ausencia de independencia, como no podía ser de otro modo, es en el poder judicial. Y no puede ser de otro modo, ya que los anteriores los elige el pueblo, mientras que este, lo constituyen sus representantes, más obedientes a su ideario político-partidista que al bienestar general.

Desgraciadamente esto es algo a lo que el ciudadano de pie se ha acostumbrado y se acepta dentro del juego político, uno más de sus entresijos indeseables pero inevitables.

Sin embargo, en los últimos años, se ha dado un paso más allá en el conflicto de intereses de los distintos poderes. A día de hoy, los encontronazos entre legislativo y judicial son el pan nuestro de cada día en la política nacional, pero son realmente escandalosos cuando nos sumergimos en las políticas autonómicas. Más en concreto, en las controvertidas reformas de los estatutos.

Amparados bajo un malentendido concepto de Imperio de la Ley, la rama conservadora del poder judicial y el PP, tratan de institucionalizar sus prejucios e ideas utilizando un Tribunal Constitucional  (TC) fuertemente politizado contra la voluntad libre del pueblo. El caso más terrible, el Estatuto de Cataluña.

Por todos es conocida la odisea por la que tuvo que pasar dicho estatuto antes de que llegara a ser aprovado en el parlamento, la de comentarios soeces, la de injurias que tuvo que aguantar el pueblo catalán y todos aquellos que nos sentimos afines a una estructura federal de estado y que consideramos las autonomías no como un fin, sino como la puerta abierta que se dejara en la transición para continuar con el proceso federalista que se rompiera con la Guerra Civil. Todos sabemos que se convocó un referendum para respaldar el estatuto y concederle el grado de democracia necesario que merece un proyecto de esta embergadura. Es un hecho que el estatuto quedó aprobado y que, consecuentemente, la mayoría del pueblo catalán está conforme al mismo —no entraré aquí en el nivel de participación, ya que nos llevaría a un tema mucho más profundo como es la abtención en la democracia y sus consecuencias—.

Entonces, aunque sea legal recurrir al TC para frenar el estatuto de autonomía de Cataluña, ¿es lícito que una justicia fuertemente politizada vaya en contra de la voluntad de un pueblo? ¿Tiene sentido entonces promulgar leyes respaldadas por un referéndum cuando estas, de no ser conformes al ala mayoritaria en el TC, van a ser declaradas anticonstitucionales? ¿Es acaso la democracia una pantomima, un espectáculo de polichinela dónde la elección del pueblo es sólo mero trámite para darle dicho carácter y después encauzarlo como convenga a los intereses partidistas mediante la utilización de la justicia? ¿Es que el poder judicial está por encima de los otros? ¿Es esto el Imperio de la Ley?  Si el poder emana del pueblo, ¿por qué se le ignora?

Pobrecita España.

About these ads

~ por divergencias en julio 25, 2007.

Una respuesta to “El poder del pueblo”

  1. Estoy totalmente de acuerdo. Por qué la mayoria de la gente no se da cuenta de esto?

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

%d personas les gusta esto: