Muertos de primera

Cada vez que sufrimos la muerte de un componente de la Fuerzas de Seguridad del Estado, asistimos a una retahila de lamentaciones, por parte del Gobierno y de la Oposición, que suelen culminar, según el caso, en una supuesta depuración de responsabilidades o en la condena del atentando perpetrado. Continuamos con días de luto, condecoraciones y un Funeral de Estado para honrar su valía.

Lamentable protocolo. Y no porque esas personas no se merezcan que se reconozca su labor social, sino porque se realiza un permanente agravio comparativo con el resto de ciudadanos, en principio con los mismos derechos y labores sociales alejadas de lo trivial o indignas de un homenaje, que son tratados como ciudadanos de segunda.

Y es que en este país parece que no importa que mueran a catarátas trabajadores en el sector de la construcción, no importa que los accidentes laborales mutilen o incapaciten a oleadas de personas, porque su trabajo no es importante, cualquiera podría hacerlo, porque es algo que no tiene valor. La eternamente prorrogada reforma laboral es una buena muestra de ello.

Simplemente, vergonzoso. Y si a esto le añadimos que por defecto los Funerales de Estado son por el rito católico, en lugar de celebral un funeral laico y después en la intimidad que cada cual dé descanso a sus muertos como le dicte su conciencia, tenemos el cóctel completo.

Pero que viva España.

 

España, ¿fascista?

En las últimas semanas, a colación de la violencia callejera y su corte xenófobo, racista y, en general, fascista, ha surgido de forma generalizada un debate sobre los grupos ultraderechistas que existen en este país. Para sorpresa de todos no sólo encontramos que estos grupos no son tan minoritarios como se creían, sino que están amparados por la ley y campan a sus anchas sin que nadie haga nada al respecto.

Al parecer, en España, es posible realizar manifestaciones en contra de un grupo étnico, en contra de una elección sexual, a favor de movimientos totalitarios y violentos o a favor de dictadores sin que ninguna traba aparezca en el camino. Y da igual que se alienten sentimientos de rencor o ira hacia lo distinto, no importa que se alaben movimientos totalitarios que fueron la ruina mundial en el siglo XX; parce ser absolutamente correcto el reconocer la labor de un criminal, de un asesino, de un traidor como lo fue Franco o cualquiera de sus adlátares, perfectamente comprensible el permitir la apología de las ideas fascistas.

Personalmente, además de causarme estupor, de sobrecogerme el auge de estos movimientos de ultraderecha, siento una terrible sensación de asco ante la parálisis institucional, porque no aparenta ser una indolencia general, sino una dejadez calculada.

La apología del terrorismo es un delito ferozmente perseguido, cuya raíz inequívoca es un planteamiento de corte fascista travestido de una u otra ideología. Entonces ¿por qué no se prohiben las manifestaciones abiertamente fascistas? ¿Por qué no se persigue a sus militantes, a sus convocantes y a sus palmeros? ¿Por qué está demonizado ser nacionalista y en cambio es indiferente ser un fascista? Muchas preguntas y muy tristes las respuestas que se asoman tras de ellas. Y vergonzosas.

En particular, ¿nadie se ha preguntado por qué se prohibe una manifestación en favor de Carlos -muchacho asesinado en metro de Madrid a manos de un grupo de fascistas- y no una de grupos de ultraderecha? ¿Es que se está apoyando implícitamente el fascismo desde las instituciones? Hasta ahora, sólo silencio.

Triste es el panorama.

¿Por qué no te callas?

Quizá sea esta la frase que tuvo que aplicarse el rey, pero no supo contar hasta diez. Y es que el rey, a mi juicio, cometió varios errores al mismo tiempo.

El primero de todos ellos fue el entrar en el juego de Chavez, en la provocación que tan bien estaba capeando Zapatero. De aquí proviene el segundo y el tercer error: interrumpir a Zapatero que estaba en uso de la palabra y atacar a Chavez con sus mismas armas. El último estriba en sus propias palabras. Un jefe de estado no puede permitirse el lujo de hablar de forma despectiva a otro congénere en una cumbre donde existen moderadores que otorgan el turno de palabra, aunque esté mal administrado. Zapatero respetó las normas establecidas, se ciñió a la postura del dialogo y la firmeza, pero no cayó en los arrabales de lo vulgar, de lo totalitario, de lo colonialista. El rey no puede decir lo mismo.

Y desde aquí se aplaude la torpeza real, se enaltece el golpe de testosterona y se le agradece su defensa a España y a los españoles. ¿Es a caso entonces el ciudadano español tal que ante las provocaciones burdas, ante la incomodidad y la divergencia, responde de manera soez, irrespetuosa y arrogante?

Me gustaría pensar, por el contrario, que somos gente que ante este tipo de situación actuamos con respeto, con talante y, sin perder firmeza ni orgullo o dignidad, defendemos nuestras ideas sin negar las del contario, sin imponer silencio.

Pero parece que el rey es como el papa, infalible, y tenemos una buena y servil corte  para que no le quepa duda de ello. En última instancia, nos queda el Tribunal Supremo para que no nos pasemos de la raya.

Sentencia sobre el 11M

Después de más de tres años desde el atentado y tras un largo proceso judicial que ha durado casi un año, ayer se hizo pública la sentencia sobre el atentado del 11M.

¿Se ha hecho justicia? Probablemente no, porque no hay condena ni acto humano posible que pueda resarcir el dolor de todos aquellos que sufrieron el atentado. Pero sí se ha cumplido escrupulosamente con la ley, respetando los derechos de los procesados y garantizando la transparencia durante todo el juicio. Y hoy día, con la psicosis del terrorismo yihadista que permite aberraciones antidemocráticas como la de Guantánamo o la pérdida de derechos civiles en EEUU o en Reino Unido, lo acaecido en España a propósito del 11M es un gran logro y ejemplo de cómo se deben hacer las cosas.

¿Qué se pretendía con este juicio? Esclarecer el nivel de participación de los acusados en el acto terrorista del 11M. Ni más ni menos. Todo lo que se quiera añadir son ganas de confundir, de intoxicar, de desprestigiar lo conseguido con este juicio.

En este proceso se ha juzgado a todos aquellos individuos que estaban bajo sospecha de participación en los atentados, para los que existían indicios de culpabilidad y a los que, a lo largo del juicio, se ha tratado de implicar o exculpar a través de la búsqueda de pruebas objetivas que lo confirmaran. Aquellos para los que se ha podido demostrar su culpabilidad han sido condenados, el resto ha quedado en libertad sin cargos.

¿Hay entonces libres algunos culpables? No, porque no ha habido pruebas que demuestren la culpabilidad de los procesados que han quedado libres de cargos. Entre ellos, aquellos etarras que se introdujeron con calzador en el juicio (lo que demuestra la desfachatez de la implicación de la banda ETA en el atentado y, por tanto, la completa autoría de céculas terroristas yihadistas) y El egipcio (por muchas elucubraciones e inferencias que llevaran a su implicación). Y es que, aunque a algunos les cueste reconocerlo, la única presunción existente es la de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Hablar pues de responsables intelectuales que no han sido juzgados es absurdo, porque, efectivamente, este juicio no trataba de esclarecer esos hechos, sino los que más arriba se mencionan. Es por ello que todos deberíamos rogarle al PP y sus medios afines que dejaran de confundir, de mentir a la sociedad con descaro, de minar las estructuras democráticas.

Se ha cumplido por la ley y todos deberíamos estar contentos por ello. Pero parece que algunos quieren hacer de todo ruina, discrepancia.

La sentencia ha llegado, pero todavía no el rédito político.

Amnesia e intolerancia

Inmersos ya en la precampaña electoral, vuelven a sonar con más fuerza —atizados por los recientes actos antimonárquicos y el anuncio de un referéndum en el País Vasco— palabras como Constitución, Estado de Derecho, Legalidad, Corona, Patria, Nación, etc. A mi juicio, todas estas palabras quedan empobrecidas en ese marco de anacronía e intolerancia en la que son pronunciadas, impregnándose de vacío y engaño.

Y es que Corona, Patria y Nación son, efectivamente, anacrónicos. La Corona es una institución que representa los agónicos valores de la Edad Media, enraizados en el feudalismo y enmascarados de modernidad a medida que el progreso social crecía. Y Patria y Nación son valores nacidos en el siglo XIX, arma de diferenciación basada en el terruño y en la lengua, en el país, reacción a un Siglo de las Luces que homogeneizaba a todo ser humano gracias a valores universales. Hoy, ambas carentes de sentido, aunque posean un profundo cimiento en la sensibilidad social.

En cuanto a Constitución, Estado de Derecho y Legalidad, creo que no cabe duda alguna que se utilizan de forma sectárea y partidista. No cuestiono aquí ninguno de estos tres valores —desde mi punto de vista imprescindibles para desarrollar una sociedad democrática plena—, sino la forma en que son utilizados: siempre como escudo en contra de cualquier cambio, de cualquier aspiración alejada del marco en el que se fraguó la Transición. Y afortunadamente ya no estamos en la Transición, con la sombra del franquismo llenándolo todo, con el ejército como amenaza permanente, con las ideas cercenadas y la imposibilidad de restaurar los valores de una II República que, si bien fue imperfecta, trajo consigo valores y logros sociales que no lo eran.

España tiene amnesia selectiva, porque ha olvidado restaurar valores que esta sociedad, antes de ser aplastada y sacrificada en un cruenta Guerra Civil, conquistó democráticamente. Ha olvidado el carácter abierto y transitorio de una constitución que en el momento de su redacción quedó postrada a la indulgencia de la izquierda y las presiones del régimen anterior siempre con la amenaza en la boca y el fusil, queriendo convertirla en las tablas de Moisés. Ha olvidado que en este país existe pluralidad, libertad y posibilidad de alcanzar democráticamente cualquier cosa que el pueblo considere necesario, al margen de prejuicios o intereses.

España ha olvidado para ser intransigente, intolerante, para tildar todo aquello que no responde a los valores “constitucionalistas” —en su interpretación, claro— de ilegales e incluso de ilícitos y no éticos.

El problema de esta gente que se llaman a sí mismo españoles, que enarbolan la defensa de los símbolos y se llaman a sí mismos España, es que han olvidado que otros antes también lo hicieron, que también eran intolerantes y creían llevar a la Verdad, a Dios y al Pueblo consigo, sin saber que no representaban a los españoles, sino a los intereses de los que eran títeres.

PP-SOE

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones autonómicas en Navarra, era algo evidente que el nuevo gobierno debía estar constituido por una coalición de izquierdas formada por PSN, NaBai e IU. ¿Por qué? Porque el pueblo navarro en su mayoría votó por el cambio y, lo que es más, a lo largo del periodo de constitución las encuestas respaldaron esta opción de gobierno.

Es por eso que muchos no entendemos que el PSN se haya comportado a lo largo de este proceso de una forma tan ambigua y turbia, ora apostando firmemente por el cambio, ora horrorizado por el precio político del mismo, mostrando repentina preferencia por la conveniencia de un partido como UNP, definido política y éticamente a través de su asquerosa campaña electoral.

Desgraciadamente, este tipo de comportamiento no es nuevo en el PSOE. Ya nos tiene acostumbrados a estas actuaciones, sobre todo en el campo de los nacionalismos no españolistas que, al parecer, deben ser casi anticonstitucionales, como el derecho a la autodeterminación que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que, de lo contrario, no puede entenderse tan tajante aversión a las formaciones políticas con este ideario.

Sin embargo, sí es nueva la vergonzosa decisión tomada por el PSOE este fin de semana. Algunos aún creíamos que esa doctrina nacional no iba a exigirse en el ámbito autonómico y, menos aún, que la aceptasen sin rechistar. Y es que el PSOE es un partido con una estructura federal, por tanto fruto de la alianza de partidos independientes y autónomos articulados a través de un organismo central. Entonces, ¿qué sentido tiene dar órdenes desde Madrid más allá del ámbito de la estricta coordinación? Conocidísima es la independencia política del PSC, que a pesar de las presiones de la ejecutiva federal del PSOE ha sabido imponer su criterio y conocimiento de la sociedad catalana para velar por los intereses de ésta. ¿Por qué entonces el PSN adolece de esa independencia? Quizá Fernando Puras le deba un favor a Zapatero y por eso acate sus órdenes con silencio y con su trasero aún fijo en la presidencia de la ejecutiva navarra.

Y es que siempre se habló de pluralismo en la izquierda, de ideas y de respeto por las divergencias. Pero no, cada día más, el PSOE se empeña en diluir todas estas características para caer en una política amorfa. De hecho, parece encontrarse en la búsqueda del monolitismo, del centrismo o del españolismo del PP.

Señores del PSOE, dejen sus puestos a los verdaderos socialistas.

El problema de la monarquía

Monarquía, ¿sí o no? El juez del Olmo parece haber levantado involuntariamente, con el secuestro de la revista El Jueves, este debate por mucho tiempo subterráneo o inexistente en la sociedad española. Personalemte no creo que esto vaya a ser el advenimiento de la III República, un preludio tan esperado y anunciado por muchos. Pero sí creo que abre una serie de preguntas básicas y necesarias por mucho tiempo postergadas en este país.

 

Siendo francos y honestos con la historia, debemos admitir que la Transición a la democracia hizo posible la convivencia entre los españoles, que no es poco. Pero nada más. Desde determinados sectores se nos ha querido vender la transición como la panacea a los problemas de la España de entonces, la mejor y única solución en aquel momento. Se nos insta a no plantear si quiera una duda sobre cualquiera de los aspectos de dicho pacto, con la amenza o advertencia de la ruptura de consensos y la abertura de viejas heridas ya cicatrizadas. Cuando se tienen argumentos tan peregrinos se suele hacer uso del miedo, de la herejía y la traición. Y es que la transición no curó ninguna herida, simplemente las aplazó y las agravó con su indiferencia, apuntalando la versión de los vencedores. No dio continuismo a la II República (la constituida por la voluntad popular), sino que se la dio al Franquismo (el que la pisoteó), aceptando por tanto implícitamente la legalidad del Régimen, y lo que es más, al sucesor nombrado por Franco: Juan Carlos I. Etcétra, etcétera.

 

Que en la transición las cosas se hicieron lo mejor que se pudieron es un hecho, pero que podrían haberse hecho mejor (con justicia, con memoria o con honradez histórica) es otro. Y esto no constituye un revisionismo barato, al estilo de Pío Moa, o una traición al espíritu conciliador de aquellos años, sino el esbozo de algunos puntos que, al parecer de muchos, pudieron ser mejorados a la luz de la historia. Y el de la monarquia es uno de ellos.

 

A mi juicio, el problema de la monarquía lo constituyen tres puntos fundamentales. El primero de ellos se refiere al anacronismo de esta institución, completamente desligada del tiempo en el que vive y, lo más importante, innecesaria. El segundo es el carácter de restauración impuesto por el régimen dictatorial anterior (la continuidad nombrada más arriba) sin la participación libre del pueblo, pero viviendo a su costa. Y por último, el más importante de estos puntos: la figura del Rey, lo que este representa.

 

Y es que el Rey no sólo es el Jefe del Estado, el Jefe de las Fuerzas Armadas, sino que representa constitucionalmente la unidad de España, al pueblo español. En otras palabras, es el icono heredero de los valores de la España franquista. Y para aquellos que pensamos que no existe un pueblo español, sino un conjunto de pueblos como el castellano, el gallego, el andaluz, etc, ni una nación española (aunque sí un país que historicamente nos ha unido llamado España), el Rey es una cuña que niega todas estas ideas, pues la pluralidad y el federalismo o autodeterminación son incompatibles con él.

 

La Corona goza de la aceptación, el respeto y el afecto de la mayoría de los españoles, tanto por su conducta alejada de los escándalos y los excesivos gastos, como por su cercanía y la favorable prensa que se les ha ofrecido. Sobre todo el Rey, respaldado y mitificado por su actuación durante la transición y el golpe militar fallido el 23-F. No por ello es baladí afirmar que los españoles en su mayoría no son monárquicos, sino juancarlistas. De ahí, que el futuro de la monarquía en España, a día de hoy, esté por resolver, más aún cuando el príncipe heredero no muestra las mismas virtudes de su padre y, fundamentalmente, porque la sociedad de hoy en día poco tiene que ver con la de la transición: está más preparada y es mucho más libre.

El poder del pueblo

Desde pequeños nos enseñan —al menos eso nos ha sucedido a las generaciones que nacimos alejadas de la sombra franquista— que en un Estado de Derecho, las funciones del estado quedan compartimentadas y articuladas a través de tres instituciones básicas, representantes de los tres poderes fundamentales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en Democracia, es el pueblo el que elige quién le representará en el poder ejecutivo (el Gobierno, al que accedará el partido con mayor número de votos o los partidos que, asociados, tengan el mayor número de votos) y el legislativo (compuesto por el propio gobierno y el resto de partidos con votos suficientes para tener representación, esto es, el Parlamento). El poder judicial, es el único no elegido por el pueblo, y se constituye de muy diversas formas, según el país.

El ejecutivo se encarga de hacer que se cumplan las leyes, el legislativo de promulgarlas o revocarlas y el judicial de impartilas según su intrepretación de las mismas. Hasta aquí, la teoría de separación de poderes de Montesquieu, nada nuevo.

Es obvio que, debido a esta separación, a su independencia, deben existir enfrentamientos entre las distintas instituciones. Pero estos choques e incompatibilidades deberían saber resolverse para evitar un colapso en el sistema y, lo que es más importante, para respetar la voluntad del pueblo al que sirven.

Sin embargo, la realidad mucho dista del sistema teórico. Y es que la independencia de los poderes es utópica, la confrontación entre instituciones irresoluble a causa de su manipulación y la voluntad del pueblo marginada en favor de los beneficios de la clase política, que ha olvidado para qué y quién trabaja.

España no es una excepción al respecto. Y donde más se evidencia la falta de separación de poderes, la ausencia de independencia, como no podía ser de otro modo, es en el poder judicial. Y no puede ser de otro modo, ya que los anteriores los elige el pueblo, mientras que este, lo constituyen sus representantes, más obedientes a su ideario político-partidista que al bienestar general.

Desgraciadamente esto es algo a lo que el ciudadano de pie se ha acostumbrado y se acepta dentro del juego político, uno más de sus entresijos indeseables pero inevitables.

Sin embargo, en los últimos años, se ha dado un paso más allá en el conflicto de intereses de los distintos poderes. A día de hoy, los encontronazos entre legislativo y judicial son el pan nuestro de cada día en la política nacional, pero son realmente escandalosos cuando nos sumergimos en las políticas autonómicas. Más en concreto, en las controvertidas reformas de los estatutos.

Amparados bajo un malentendido concepto de Imperio de la Ley, la rama conservadora del poder judicial y el PP, tratan de institucionalizar sus prejucios e ideas utilizando un Tribunal Constitucional  (TC) fuertemente politizado contra la voluntad libre del pueblo. El caso más terrible, el Estatuto de Cataluña.

Por todos es conocida la odisea por la que tuvo que pasar dicho estatuto antes de que llegara a ser aprovado en el parlamento, la de comentarios soeces, la de injurias que tuvo que aguantar el pueblo catalán y todos aquellos que nos sentimos afines a una estructura federal de estado y que consideramos las autonomías no como un fin, sino como la puerta abierta que se dejara en la transición para continuar con el proceso federalista que se rompiera con la Guerra Civil. Todos sabemos que se convocó un referendum para respaldar el estatuto y concederle el grado de democracia necesario que merece un proyecto de esta embergadura. Es un hecho que el estatuto quedó aprobado y que, consecuentemente, la mayoría del pueblo catalán está conforme al mismo —no entraré aquí en el nivel de participación, ya que nos llevaría a un tema mucho más profundo como es la abtención en la democracia y sus consecuencias—.

Entonces, aunque sea legal recurrir al TC para frenar el estatuto de autonomía de Cataluña, ¿es lícito que una justicia fuertemente politizada vaya en contra de la voluntad de un pueblo? ¿Tiene sentido entonces promulgar leyes respaldadas por un referéndum cuando estas, de no ser conformes al ala mayoritaria en el TC, van a ser declaradas anticonstitucionales? ¿Es acaso la democracia una pantomima, un espectáculo de polichinela dónde la elección del pueblo es sólo mero trámite para darle dicho carácter y después encauzarlo como convenga a los intereses partidistas mediante la utilización de la justicia? ¿Es que el poder judicial está por encima de los otros? ¿Es esto el Imperio de la Ley?  Si el poder emana del pueblo, ¿por qué se le ignora?

Pobrecita España.

¿Injurias?

Es curioso que hablando recientemente de censuras en el blog, surga en la actualidad un descarado caso de las misma. El desencadenante ha sido esta portada de la revista humorística El Jueves:

 

 

Bajo mi punto de vista, no puedo entender cómo esta edición puede ser calificada de injuriosa, pero intentaré desmenuzar los motivos que hayan podido propiciar el secuestro de este número.

 

La caricatura puede que sea provocadora, nada elegante, ordinaria, evitable, poco apropiada, y todos los calificativos que nos sugiera el ver de forma tan explícita la práctica del acto sexual por parte de los Príncipes de Asturias. Pero no creo que eso sea ninguna falta de respeto a la Corona. ¿Es que acaso las infantas Leonor y Sofia las trajo la cigüeña desde París? ¿Es que la Corona evita, por mandato divino, las escatológicas necesidades biológicas tan poco apropiadas para la vida pública?

 

En cuanto al texto, distingo primero la práctica del sexo en busca de un rédito económico prometido por ZP, que a mi juicio queda fuera de discusión por pertenecer a la sátira, a la ironía que se pretende realizar, a través de los Príncipes, a dicha promesa abiertamente electoralista (si ponemos eso en duda, estamos poniendo en tela de juicio la libertad de expresión). Y por otro lado, los comentarios del príncipe que hacen alusión a su vida placentera y sin esfuerzo. ¿Dónde está aquí la injuria? ¿La evidente holgaznería Real es una?

 

Creo que la decisión tomada por el juez del Olmo responde más a personalísimos criterios morales que a una realidad objetiva, a una retógrada forma de entender el mundo más que al libertinaje de una publicación. Y es que no puede haber excepciones para los de siempre, menos aún, para una instución no democrática que Franco decidió como sucesora. El acto del juez del Olmo, a mi juicio, es vergonzoso e insultante, más propio de otros tiempos que de la España democrática con la que nos llenamos las bocas todos los días. Pero esto, claro, lo decidirá la interpretación de la ley que haga el poder judicial.

 

Respeto a los jueces y sus decisiones, a la jurisprudencia, pero ¿hasta qué punto no es un arma personal y política que responde más a intereses que a la legalidad o la verdadera justicia?

 

Ese es otro tema.

Censuras

Es lamentable comprobar cómo todavía podemos encontrar la oxidada y siempre afilada tijera de la censura en cualquier parte.

Vivimos en la llamada era de las comunicaciones, donde la información se genera, transimite y asimila como nunca antes se había visto, donde la distancia real entre las personas se ha difuminado gracias a los teléfonos móviles y la omnipresente internet. Pero nada de esto ha sabido escapar de la censura. Y no me refiero a la censura más conocida, las de las grandes empresas de comunicación, que eligen qué será o no noticia, la forma, el calado y el momento en el que ha de llegar la misma. Ni siquiera hablo de la censura de los moralistas, de esos personajillos que se atreven a tratar de imponer a los demás qué deben ver u oir, con no se sabe qué principios de doble vertiente. Hablo de la peor de las censuras, las que imponemos nosotros mismos, las de la sociedad.

Es curioso observar cómo los denominados tabúes sociales responden siempre a las mismas premisas: la educación y la convivencia.

La educación ofrecida por los padres, la formación proporcionada en las escuelas y las experiencias vividas bajo las mismas aquilatan poco a poco la dificultad de hablar sobre un tema particular, la incapacidad de afrontarlo, la habilidad para esquivarlo. El tabú queda así arraigado en la persona. Una persona que solemos ser todos, ya que la inmensa mayoría de nosotros compartimos un mismo estilo de vida y un mismo sistema de valores. Afortunadamente, este  tipo de tabúes se suele superar con los años: nuevas experiencias, el contacto de otras personas o el reconocimiento de unas limitaciones innecesarias que el individuo desplaza por reducción al absurdo. Aunque hay siempre quien no lo hace.

Por otro lado, sabemos que la convivencia entre personas es sólo posible a través de la cesión recíproca de actitudes que pongan en peligro el delicado equilibrio de una relación saludable. Luego, de manera más o menos explícita, quedan excluidos no sólo comportamientos incompatibles que empercudirían la convivencia, sino también temas de conversación, modos de abordar determinados problemas a través de un diálogo abocado al soliloquio. Esta es la segunda forma de llegar al tabú. Por su naturaleza, casi nunca es superado, aunque no tiene por qué revertir de modo negativo en la relación. Pero siempre hay excepciones.

El problema estriba en que bajo la excusa de la convivencia aparece la censura. Y es que esta quiere confundir la cesión para la mutua tolerancia, con la imposición para una determinada convivencia. Es decir, trata de sustituir el recíproco acuerdo al que llegan todos los grupos por las condiciones de uno solo de ellos. Bajo cualquier punto de vista esto es inaceptable y bochornoso.

Un claro caso de censura lo encontramos en la Guerra Civil. Es patético que transcurridos más de 70 años de tan horrendo suceso, de los cuales casi 40 pertenecen a una ominosa dictadura resentida y revanchista, producto directo de dicha guerra, todavía haya quienes se atrevan a decir que, por “convivencia”, no debemos abrir viejas heridas ya cerradas, que no hubo ni malos ni buenos, que dejemos a los muertos en paz. Perdonen, pero no. Las izquierdas hicieron en la Transición un titánico esfuerzo de olvido para que todos pudieramos tener un futuro, para tener una verdadera convivencia. Pero ahora, pesa más la necesidad de justicia. Las heridas no se han cerrado, porque la memoria sigue martilleando en la tierra señalando los muertos enterrados en fosas comunes como perros sarnosos, en los juicios sumarísimos que tiñen de indignidad y mentira a aquellos que lucharon por la libertad, en todos los discursos que demonizan a la república, sus representantes y su espíritu. Y sí que hubo buenos y malos: los que lucharon por la libertad, los que defendieron la legalidad y la voluntad del pueblo y aquellos que la pisotearon, destrozaron y quisieron borrar todo rastro de historia o persona donde hubiera existido.

No podemos evitar lo ya sucedido, pero sí restañar el daño realizado a través de la memoria. Cuando la indolencia o falacia histórica de este periodo sea reparada, cuando todos los muertos tengan su nombre y su tumba, cuando cada persona juzgada ilegal e injustamente vuelva a recuperar su dignidad, cuando se asuman responsabilidades históricas, entonces, y sólo entonces, podremos decidir entre todos no hablar de la Guerra Civil, porque ya no quedará nada pendiente, porque será justo y necesario pasar página.

Mientras tanto, no pidan o impongan silencio por una “convivencia” que a penas sí les sirve para ocultar su desfachatez y vergüenza. Censuren sus barbaridades, no la justicia.