Las mentiras de los nacionalismos
Ser de izquierdas y nacionalista es una incoherencia ideológica. No puedo entender que alguien que tenga conciencia de clase obrera no sea internacionalista y comprenda que los países y las fronteras no son más que una herramienta puramente logística. Solo entiendo el nacionalismo como una estrategia para blindar privilegios económicos y sociales, esencialmente los de las élites. Y no puedo comprender, más allá de argumentos xenófobos y racistas, cómo se puede justificar que la clase trabajadora nacida o criada en un sitio, algo que ninguno de nosotros elegimos, merezca asegurar sus derechos más que aquellos que no lo han hecho. Y hablo en particular de la izquierda catalana, de la abertzale y la españolista.
La propaganda mediática —y la limpieza ideológica del franquismo, apuntalada a través de la transición, de la cuál son herederos— ha señalado bien el talón de Aquiles de las dos primeras, realzando su carácter nocivo, pero marca como neutro e inocuo al nacionalismo españolista, cuando no lo niega o ni siquiera admite su existencia. La diferencia estriba en que mientras que el nacionalismo catalán y abertzale hacen hincapié en sus características diferenciadoras, en una heterogeneidad que desmiembra, el españolismo se fundamenta en unas características unificadoras creadas ad hoc, en la homogeneidad que niega.
Se olvida deliberadamente en este tipo de discursos que las raíces de los nacionalismos más importantes se encuentran bien delimitadas geográficamente y que esto no es una casualidad, sino una consecuencia de la situación económica de esas regiones, las más industrializadas y ricas de todo el territorio español, en orden alfabético: Catalaña (Barcelona), Euskadi (Bilbao) y Madrid (Madrid).
Así quedaría evidenciada la raíz económica de estas ideologías, pero no su respaldo por la sociedad civil. Ello se consigue introduciendo, en el momento adecuado —también aleccionando—, los sentimientos, una versión manipulada de la historia que los justifique y un idioma que la respalde. Así se genera un ofendido y un ofensor, un nosotros y un ellos. Los catalanistas y abertzales tendrán como enemigo la homogeneidad española (de la que no quieren formar parte, pero que usan para simplificar al resto de territorios del estado), los españolistas, por su parte, tendrán como enemigo cualquier región que muestre la heterogeneidad de los pueblos que conforman el estado español. Y ya se ha caído en la trampa de las élites, que consiguen enfrentar a las clases obreras de distintas regiones para que no reparen en luchar juntos por sus derechos, derogar los privilegios de éstas y hacer justicia social. Han preferido abrazar la mentira de los nacionalismos y luchar por una entelequia que no les dará nada, en vez luchar por sus iguales en mejorar la situación política de los trabajadores.
El referéndum en Cataluña
Más allá de una visión nacionalista (catalanista o españolista), las libertades en una democracia deben ser fundamentales. Todos tenemos derecho a opinar, a defender y luchar por la propuesta política que más nos satisfaga, con más razón si se trata de la región administrativa en la que residimos. Tenemos derecho a hablar y a que se nos escuche, a luchar y defender en lo que creemos institucionalmente. España, cuyos periodos democráticos sólo se encuadran en los años de la Segunda República —derrocada por los fascistas tras un fallido golpe de estado— y tras la imposición del Régimen del 78 —legado político de esos mismos fascistas que lucharon contra la libertad—, no tiene ninguna tradición democrática, y todos los resortes que posee para la aplicación de derechos y libertades del ciudadano son objetivamente de las más deficientes de toda la Unión Europea. Y las élites políticas de España que aparecieron al amparo del Régimen del 78 (PP y PSOE, fundamentalmente) han permitido y luchado porque esto siga siendo así.
Los trabajadores de España han cambiado mucho desde la muerte del dictador —no así las clases privilegiadas, blindadas desde el franquismo— y se han hecho oídos sordos sistemáticamente a todas sus propuestas por intentar cambiar elementos fundamentales del estado, amparados en el papel mojado de la Constitución. Creían que la evolución político-social de los españoles iba a ser como una tormenta de verano, que aprieta, pero termina por disiparse. No ha sido así. En particular, esto se ha hecho de manera descarada con la articulación territorial. Y esa dejadez milimetrada durante décadas, con tintes bíblicos desde que Rajoy alcanzó el poder, nos ha llevado a esta situación grotesca en la que nos encontramos.
El Govern de Catalunya está haciendo el ridículo con una llamada a un referéndum que no se acoge a la propia legalidad de la leyes catalanas, sin consenso, sin garantías democráticas, que sólo hace insuflar los ánimos de una ciudadanía que acabará dividida y frustrada por las expectativas irreales, aunque lícitas, del mismo. El Gobierno de España está haciendo todavía un ridículo mayor, saltándose la legalidad constitucional, degradando todavía más los derechos y libertades de los ciudadanos, para seguir imponiendo una idea de estado caduca, usando de forma fascista al Poder Judicial (¿hay diferenciación de poderes en España?) y a las Fuerzas de Seguridad (Represivas) del Estado.
Si el Gobierno hubiera invertido la mitad de los recursos que está utilizando en un diálogo serio y honesto con el Govern (por no hablar de lo que podría hacer en otros temas como la corrupción) para abrir el camino real —las promesas ya no sirven— a un cambio constitucional en el que se redefinan las relaciones de las Autonomías con el Estado o, al menos, la propuesta de un referéndum pactado con garantías legales que fomente, en su caso, un cambio de modelo territorial, otro gallo nos cantaría.
Ahora, sólo queda la incertidumbre de los acontecimientos que puedan ocurrir hasta el 1-O, de lo que pueda acaecer el día después a este.